El día dieciséis del corriente mes el Concejal de Encuentro Vecinal Córdoba, Dr. Juan
Pablo Quinteros abrió a la comunidad una petición dirigida al Sr. Gobernador de la
Provincia de Córdoba, al ERSeP y a EPEC solicitando se revise el cuadro tarifario
vigente de EPEC a los efectos de aumentar la cantidad de kWh. dentro del denominado
Escalón No 1, de tal manera que el Escalón No 2 quede comprendido dentro de los
valores tarifarios establecidos para el primero de ellos (1).
Tal medida representaría una disminución del 30% en el valor del kWh. facturado para
los clientes residenciales cuyo consumo se ubica entre los 120 y 500 kWh mensuales.
Para el caso de los usuarios dentro de la denominada tarifa social el ahorro sería
superior al 260%.
Según el cuadro tarifario vigente en la Tarifa Residencial el kWh. en el primer Escalón
es de $6,51 mientras el siguiente Escalón (2) pasa a $8,45. Aún más notoria es la
diferencia en la denominada “Tarifa Social”, donde para los 120 kWh del Escalón 1 el
calor es de $1,88 pasando el Escalón 2 al valor de $6,79 lo que representa una diferencia
de 261%.
En sólo pocas horas la petición recibió más de un millar de firmas, lo que claramente
demuestra una necesidad acuciante de la población de Córdoba a los que la EPEC le
brinda el servicio que no es escuchada por el gobierno, las autoridades de la empresa
provincial, ni por el Ente Regulador de la materia.
La medida solicitada se fundamenta en la pérdida de empleos e ingresos de los
habitantes de la Provincia de Córdoba provocada por las fallidas y erradas políticas
públicas, todo lo cual fue exacerbado por la Pandemia COVID 19.
Un efecto directo de la pandemia y las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno
Nacional y Provincial, fue el incremento en el consumo de energía eléctrica domiciliaria
por las familias de Córdoba que permanecen y desarrollan sus actividades en sus
hogares.
Los 120 kWh establecidos para el escalón No 1 resultan hoy insuficientes y no se ajustan
al patrón de consumo que impone la nueva realidad; Las facturas de energía eléctrica
resultan, por sus montos, de carácter confiscatorio.
Párrafo aparte merecen los innumerables y crecientes reclamos de usuarios que sostienen
que sus lecturas de estado están efectuadas de manera errónea o, directamente, ni siquiera
han sido leídas, situación planteada ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos sin
respuestas satisfactorias y en alguna medida reconocida por la empresa, que a través de
su vocero indicó que “pueden haber errores”.
En la misma dirección que la petición del Concejal Quinteros los legisladores de
Encuentro Vecinal Córdoba Aurelio García Elorrio y María Rosa Marcone presentarán
en la legislatura de Córdoba un pedido de informe respecto a las irregularidades de
facturación que viene presentando la empresa y una resolución a los fines de modificar el
escalafón tarifario agregando el pedido de “Revisión Integral de la Tarifa” que debe ser
dispuesto con carácter de urgente y un análisis exhaustivo del funcionamiento de la
empresa con el objeto de determinar las irregularidades que se pudieran estar
desarrollando con claro impacto en en el aumento desproporcionado de los valores
facturados a los usuarios
El recordado “Fallo Cepis”, de la CSJN, referido al tarifazo del anterior gobierno
nacional, dejó en claro que las decisiones en materia tarifaria «imponen al Estado una
especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su
transparencia, a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y
razonabilidad, es decir una relación directa, real y sustancial entre los medios
empleados y los fines a cumplir, evitando que tales decisiones impongan restricciones
arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios, y de resguardar la
seguridad jurídica de los ciudadanos» … El fallo agregó “el Estado debe velar por la
continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la
realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con
especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio
social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales
como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de
«confiscatoria», en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de
los ingresos del grupo familiar a considerar»
“En resguardo de los desprotegidos y vulnerados intereses de los usuarios de la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba -EPEC- es que vamos a accionar con todas las
herramientas jurídicas, políticas y de difusión para hacer escuchar a los mismos, con el
único objeto de que se garantice un servicio de calidad a un precio justo y razonable”,
finalizó Quinteros.