El Legislador Provincial del Frente Cívico, integrante del Interbloque Cambiemos, Dr. Juan Pablo Quinteros hace saber que según información extraoficial publicada por la prensa local, la causa iniciada por requerimiento del propio Gobierno Provincial en relación a las obras de los gasoductos troncales que deben ser ejecutadas por la empresa brasileña Odebrecht, habría recaído, para la Investigación Penal Preparatoria en la Fiscalía número 1 del fuero Penal, Económico y Anticorrupción, a cargo del fiscal Hugo Amayusco.
En tal sentido el legislador del Frente Cívico puntualizó: “Es incomprensible el criterio adoptado poe la Fiscalìa General para determinar velozmente que el fiscal anticorrupción sea quien investigue este hecho. El antecedente de la también “autodenuncia” efectuada por ex autoridades de Lotería de Córdoba en relación a los alevosos sobreprecios pagados para la construcción del hotel Ansenuza de Miramar es más que elocuente en cuanto al direccionamiento que se le pretende dar a la presente causa. El criterio utilizado en aquella oportunidad con el Hotel Ansenuza fue que primero sea el fiscal que por turno correspondía “fije un hecho”, es decir determine cuál sería el delito, y de surgir la existencia del mismo y que sus autores podrían ser los funcionarios provinciales, recién en ese momento estaría en condiciones de ser girada al fuero anticorrupción (que por imperio de la ley debe intervenir, continuar y concluir la investigación penal). Ahora el criterio ha variado de manera más que sorprendente y es directamente el Fiscal número 1 del fuero Penal, Económico y Anticorrupción quien interviene sin más trámite en la investigación. Seguramente toda la prueba documental “quedará a resguardo” en los despachos “amigos” del fiscal anticorrupción, tratando de impedir el accionar que en el futuro podría tener otro ámbito de la justicia, como por ejemplo la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
En este sentido es importante destacar que el Fiscal Amayusco también intervendrá en la causa iniciada por éste legislador conjuntamente con el legislador del Vecinalismo Independiente Dr. Aurelio García Elorrio, que fuera acumulada, siempre según la información circulante, en razón de que el fuero federal, donde se radicó la solicitud de investigación, entiende (en relación a una parte de la presentación) que deben ser los juzgados de la provincia de Córdoba quienes deben intervenir en razón de la “competencia”. Probablemente omitieron, de manera involuntaria, evaluar cuestiones fácticas que se solicitan investigar tales como el hecho relacionado a que el día 26 de enero de 2016 el Presidente de la Nación, Mauricio Macri y el Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti anunciaron la firma de distintos acuerdos entre los que se destacaba aquel por el cual “la Nación otorga a la provincia de Córdoba los avales necesarios a los fines de que la provincia acceda a financiamiento internacional y mercado de créditos para la construcción de gasoductos troncales. Y financiará el 33 por ciento del monto de la misma.
Nación contribuirá al financiamiento del 33 por ciento de la obra de gasoductos troncales que pone en marcha la Provincia. La cifra que aportará es de $ 2.900 millones. Asimismo, el Gobierno Nacional autorizará a la Provincia a tomar financiamiento para la obra”. Los acuerdos están firmados y en ejecución” (Fuente: La Voz del Interior).
Vale la pena recordar que el pasado 3 de febrero la provincia procedió a «relicitar» 4 troncales que debían ser ejecutadas, de acuerdo al resultado de la licitación de 2016, por las empresas Electroingeniría S.A – China Petroleum Pipeline Bureau -UT-. y a las empresas IECSA S.A. – China Comunication Construction Compañy Limited (CCCCL). Esta obra se va a realizar ahora con financiamiento propio de la provincia por un monto superior a los 1900 millones de pesos. Entre las 6 ofertas presentadas se destacan las efectuadas por LAS MISMAS Electroingeniría S.A – China Petroleum Pipeline Bureau -UT-. y las empresas IECSA S.A. – China Comunication Construction Compañy Limited (CCCCL), empresas que en definitiva serán, sin lugar a dudas, a quienes se adjudiquen las obras. Esta situación es diametralmente opuesta al tratamiento que le fuera dispensado a las obras que debe ejecutar la Empresa Odebrecht, ya que en aquel caso, sin mediar nueva licitación, la provincia emitió título de deuda para socorrer a la brasileña sumergida en el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica. Esto deja a las claras que en aquella situación se actuó de manera contraria a los especificado en los pliegos de licitación de las obras mencionadas, dejando a los funcionarios actuantes en una situación que deberá, el Poder Judicial, determinar responsabilidades funcionales en las que pidieran haber incurrido por tal irregularidad”.
“Acaban de condenar en la República Federativa de Brasil a ocho años de prisión al publicista Joao Santana y también a su esposa y socia Mónica Moura. No hace falta recordar quién es Santana en el círculo íntimo del ex gobernador De la Sota, relación forjada en los años en los que el ex gobernador de Córdoba fuera embajador en Brasil designado durante el mandato del presidente Carlos Saúl Menem. En eso años, De la Sota no sólo solidificó relaciones con Santana sino también con las más importantes empresas brasileñas, hoy envueltas en el escándalo de corrupción denominado «Lava Jato», a las cuales habría “asesorado” durante el período 2007/2011 y de quienes habría cobrado honorarios durante ese periodo de tiempo (según consignó en su Declaración Jurada), antes de volver a ser gobernador de Córdoba en su tercer y último mandato. Se torna imprescindible que un Poder Judicial con valentía e independencia investigue de verdad todas estas cuestiones. Los hechos son elocuentes, las pruebas abundantes, la genuflexión de la justicia cordobesa obscena, y el hartazgo social en nuestra provincia cada vez mayor”, finalizó Quinteros.