El Legislador Provincial del Frente Cívico, integrante del interbloque Cambiemos, Dr. Juan Pablo Quinteros, respecto a la rescisión del contrato entre Grababus S.R.L y el Gobierno de la Provincia de Córdoba según consta en el Decreto N° 1670 del ejecutivo provincial, expresa:
“El Gobierno de Córdoba rescindió el contrato con Grababus S.R.L. al detectar una evasión impositiva de más de 40 millones de pesos, todo en las narices de UPC, en una maniobra que involucra a la Cámara de Grabadores de Automotores, por medio de la cual Grababus cobraba el servicio de grabado sin hacer parte a UPC de ese dinero. Se le exige que en relación a Impuestos a los Sellos deben $21.213.375,21, en cuanto a Impuestos a los Ingresos Brutos $9.692.703,23 y, por último, a la Cámara de Grabadores de Automotores por Ingresos Brutos les exige una deuda de $12.143.635,76”.
Al respecto el Legislador Quinteros puntualizó: “La decisión que toma el gobierno de Córdoba respecto a la empresa GRABABUS nos termina dando la razón de que estábamos ante una estafa a los cordobeses y un enorme negociado de una empresa privada en connivencia con el gobierno provincial, algo que venimos denunciando incansablemente desde el 2015 y que, por ejemplo, en el año 2017 estimamos se quedaron con más de $180 millones de pesos de los cordobeses.
En tres años y, tras numerosos y pormenorizados pedidos de informes al ejecutivo, jamás obtuvimos respuesta alguna a nuestras requisitorias, incluso en julio de 2016 presentamos un proyecto de ley para la derogación de la ley 10.110 que había creado este vergonzoso negociado, lo que volveremos a solicitar el lunes próximo debido a la actitud adoptada por el ejecutivo provincial. No podemos permitir dejar la puerta abierta para que otra empresa se quede con el dinero de los cordobeses. La ley fue tan ineficiente que no solo no frenó la venta de autopartes robadas -motivo para el cual había sido promulgada la ley-, sino que robaron millones de pesos en un negociado en el cual los socios se terminaron desconociendo”.
Quinteros agregó: “Jamás pudieron contestar cuantas autopartes de vehículos se habían logrado recuperar por este “grabado indeleble”, sencillamente porque su eficacia era nula. El pago de esta obligación a la hora de transferir un vehículo sólo tenía como objeto que la empresa GRABABUS recaudara millonarias sumas de dinero. Ya los habían echado de Chubut y ahora le toca en Córdoba por la única y sencilla razón de que no los pueden encubrir más. La “evasión” del pago de impuestos parece ser la excusa ideal para culminar un turbio negocio.
Cuando en 2016 solicitamos la derogación de esta ley desde el gobierno decían que nuestra propuesta de terminar ese contrato era “temeraria” ya que, de aceptar la derogación de la ley de grabado de autopartes y dar de baja el contrato, la provincia debería afrontar un juicio millonario, MINTIERON, no era así y hoy queda claro que tienen que denunciar penalmente a la empresa porque están cerca de ser denunciados los propios funcionarios del gobierno provincial por su complicidad manifiesta”.
“Conocen claramente que estábamos detrás, y muy cerca, de los responsables de este auténtico y escandaloso hecho de corrupción. No lo pudieron encubrir más. Hace solamente dos meses el Ministro Massei en la legislatura, y ante una pregunta de este legislador, expresó que todo lo relacionado al Grabado de Autopartes “era bueno y se llevaba adelante correctamente”. De pronto descubrieron que todo andaba mal. La denuncia le cabe a la empresa privada pero también haremos una presentación judicial para que se investigue la responsabilidad de los funcionarios provinciales en lo que jamás dudamos en calificar como un negociado de enormes dividendos, nulos resultados y de clara complicidad entre la empresa privada y los funcionarios provinciales. Debió ser mucho antes, pero finalmente la verdad salió a la luz. La pregunta que queda es, ¿quién le devuelve el dinero a los cientos de miles de cordobeses estafados?”, finalizó Quinteros.