Ética Pública y Conflicto de Intereses - Dr. Juan Pablo Quinteros | Somos Córdoba
 Ética Pública y Conflicto de Intereses

El Legislador Provincial del Frente Cívico, integrante del interbloque Cambiemos, Dr. Juan Pablo Quinteros informa que presentará dos proyectos de ley, el primero será una “Ley de Ética Pública”, seguido de un proyecto de “Ley de Declaración Jurada de Intereses”.

Al respecto el Legislador del Frente Cívico puntualizó: “Se torna imperiosa la necesidad de reglar toda cuestión atinente a la ética pública, no puede haber transparencia estatal sin normas claras que determinen cuales son los requisitos a cumplir por ética pública, y con esto reglar las faltas y consecuencias que tendrán quienes no las cumplan. Han sido numerosos los proyectos presentados en la Legislatura de Córdoba respecto al dictado de una norma que contenga los principios básicos de la conducta ética de los funcionarios, sean estos, electos o designados y que pertenezcan a cualquier poder del estado; el proyecto que se pretende someter a tratamiento tomó como base iniciativas de los Legisladores Omar Ruiz, Dante Rossi, y Rodrigo de Loredo, entre otros.

La “Ley de Ética Pública” va a establecer claramente los deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública, entendiendo por función pública, a toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Esta irá en consonancia con lo establecido por la “Ley de Ética Pública Nacional”, donde se establece que aquel que se desempeñare en la función pública deberá, por ejemplo:

  • Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular;
  • No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello;
  • Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados. Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados;
  • Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa;
  • Abstenerse de designar parientes o amigos en el sector público prescindiendo del requisito de idoneidad, debidamente acreditado.”

El Legislador Quinteros agregó: “El segundo proyecto tiene como objetivo que, quienes se desempeñen en la función pública deberán cumplimentar una “Declaración Jurada de Intereses”, en los mismos términos y con la misma obligación que la “Declaración Jurada Patrimonial” hoy obligatoria (Art. 14 de la Constitución Provincial y en conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 8.198 y sus modificatorias Leyes nros. 8.568 y 8.681 y Decretos Reglamentarios N° 97.199 y 36.608). En esta, cada funcionario año a año deberá completar el formulario de DDJJ de Intereses donde:

  • Dejará constancia de las personas que prestan servicio en el ámbito de la administración pública, en las siguientes condiciones sin excepción: “las relaciones familiares que bajo cualquier modalidad se desempeñen en todo el sector público nacional, provincial o municipal, en cualquier poder del estado, que tengan algún vínculo de parentesco, tanto en línea recta como en línea colateral, hasta el segundo grado; incluyendo el cónyuge y la unión convivencial”.
  • Deberá consignar, con el mismo alcance de las relaciones señaladas en el punto anterior, si han desempeñado funciones ya sea en carácter de dueño (con cualquier grado de participación), apoderado, asesor, o en relación de dependencia en empresas que sean proveedoras del estado o prestadoras de servicios públicos, en los 5 años previos a su nombramiento como funcionario público”.

“Estas medidas buscan la transparencia absoluta de los actos de quienes se desempeñan en la función pública. El proyecto tiene como objetivo establecer de manera clara y precisa los casos en los cuales se pueden generar conflictos de intereses.

Los presentes proyectos no solamente van en concordancia con el Decreto Presidencial N°93/2018, sino que apunta en línea directa a un reclamo palpable de la sociedad que exige, de los funcionarios públicos, normas y conductas éticas que evidentemente en Córdoba, luego de 19 años de gobierno de UPC, son una cuenta pendiente que hay saldar.”, finalizó Quinteros.