
El Legislador Provincial del Frente Cívico, integrante del Interbloque Cambiemos, Dr. Juan Pablo Quinteros, atento a lo ocurrido con la empresa Aguas Cordobesas, que desencadenó en el cierre de la “planta Suquía” entre los días 25 y 26 de octubre, y que dejó sin agua al 70% de la Ciudad por dos días, y el cierre de la planta “Los Molinos” el día 18 de octubre, dejando sin provisión al 30% de la ciudad por un día, manifiesta:
“El ERSeP actúa de manera correcta al intimar a la empresa Aguas Cordobesas a no facturar los días de servicio no prestado, pero debe quedar absolutamente claro que es el contrato el que genera estas situaciones. El problema radica en que el contrato permite que la empresa cobre a los usuarios “agua que no consume”. Todos los meses se le cobra al usuario 25 m3 aún sin que se abra una canilla, entonces aunque no se brinde el servicio, como ha ocurrido, el monto facturado no baja y es el Ente de Control el que debe actuar, en este caso porque la falta de servicio fue notoria y afectó nada menos que al 70% de los usuarios de la ciudad de Córdoba”
El legislador juecista agregó: “Cuando presentamos el proyecto de renegociación del contrato, dijimos que este era uno de los puntos centrales a replantear y, por eso solicitamos un cambio en el régimen tarifario, a fin de que se cobre por lo efectivamente consumido, sin bases libres. Así cada vez que la empresa corta la provisión a uno o a todos los usuarios, ésta no va a facturar, generando un correcto pago del servicio por parte del usuario e incentivando a la empresa a trabajar de manera eficiente, sin necesidad de intervención del ente de control.
Si por ejemplo un kiosco cierra unos días, deja de vender, por lo tanto no recibe ingresos. Pero el contrato de aguas cordobesas, con sus 25 m3 de base libre, le permite algo que en ningún negocio se da, cobrar sin brindar el producto, la empresa podría cerrar todo el mes, y si no es por la intervención del ERSeP, que aplica una medida regulatoria, el contrato la deja cobrar exactamente la misma factura que se habría dado, si hubiera estado brindando el servicio de forma regular.”
Por último, el legislador del Frente Cívico concluyó: “Es imperiosa la necesidad de renegociar el contrato y que éste refleje la defensa de los derechos de los usuarios, ya que el actual contrato no contempla en ningún punto al usuario como la parte más débil del vínculo con la empresa, dejándolo a merced de una relación más que injusta.”