DE CONTRATISTAS A CORRUPTORES
Emblemáticas empresas brasileras acusadas de corrupción tienen estrecha vinculación con los gobiernos de De la Sota y Schiaretti.
El escándalo que sacude a Brasil desde hace varios meses por desvíos millonarios en Petrobrás, se agravó el pasado 14 de noviembre con el arresto de un ex director de la petrolera estatal y de más de 20 ejecutivos de nueve importantes empresas nacionales en un gigantesco operativo contra la corrupción y el lavado de dinero.
El ex director de Servicios de Petrobras desde 2003 hasta 2012, Renato Duque, fue detenido en una nueva fase de la operación de la Policía Federal conocida como “Lava Jato” –“Operación Limpieza”-, iniciada en marzo. También fueron arrestadas 27 personas, en su mayoría ejecutivos de nueve empresas constructoras que firmaron contratos sospechosos con Petrobras. Entre ellas figuran las gigantes OAS, Camargo Correa, Mendes Junior, Queiroz Galvao y Engevix y Odebrecht, uno de los grupos brasileños que más ha crecido en la última década.
La petrolera estatal está en el centro de la investigación financiera y, según los funcionarios judiciales, el esquema de corrupción para financiar partidos políticos aliados del gobierno de Dilma Rousseff movilizó en términos de lavado de dinero y de sobrefacturación unos 10.000 millones de reales, o US$ 3.850 millones.
Sin embargo, esta red de empresarios constructores que mutaron a empresarios corruptores comenzó a operar a fines de la década del 90, durante la presidencia de Fernando Enrique Cardoso; según reveló -a cambio de una reducción en su condena-, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, ejecutivo del grupo Toyo Setal.
Entre los integrantes de este cartel de la obra pública, se destacan directivos de las constructoras Andrade Gutierrez, Camargo Correa, Mendes Júnior, Odebrecht, UTC, Engevix, Galvão Engenharia, Iesa, OAS, GDK, Queiroz Galvão, Skanska, Toyo Setal y Techint.
Siempre de acuerdo con el testimonio de Mendonça Neto, el grupo estableció reglas muy claras para conseguir los contratos, repartirse las licitaciones, pagar sobornos y arbitrar en los conflictos que pudieran surgir.
Hace pocos días se supo que los rumores que corrían por las principales ciudades brasileñas desde mediados de año, no eran falsos. Lo mismo que sucede en Córdoba con las denuncias contra el Gobierno provincial, ya sea durante la actual administración de José Manuel de la Sota o su antecesor Juan Schiaretti.
El pánico que habían producido en el sector empresarial las delaciones premiadas (a cambio de una reducción de penas) de ex directivos de Petrobras y de empresas contratistas que firmaron contratos millonarios con el gigante petrolífero en el marco de la Operación Lava Jato quedó plenamente justificado.
Pero el escándalo del Petrolão que sigue sacudiendo a Brasil; empieza a tener ramificaciones en la Argentina y el resto de América latina, donde las compañías brasileñas operan en la obra pública, asociadas a empresas locales.
Según la TV Globo, el juez de Paraná, Sérgio Moro secuestró documentación en poder del cambista detenido Alberto Youssef –se encargaba de lavar dinero de estas operaciones de financiamiento clandestino de los partidos políticos-, en la que se detallan obras públicas de las constructoras sospechadas en otros países.
El noticiero Jornal Nacional señaló que la planilla con pagos de sobreprecios en manos de Youssef revelaba la existencia de 750 obras públicas en Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Cuba y Angola. La Justicia brasileña investiga si el esquema de corrupción, que vincula a dirigentes políticos, constructoras y Petrobras, se replicó en esas obras y trascendió las fronteras del país.
Entre ellas, se destaca una serie de gasoductos en la provincia de Córdoba, que contarían con una financiación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de US$ 257 millones. En la licitación realizada en marzo de 2009, una UTE conformada por la contratista brasileña OAS -bajo la lupa de la Justicia de su país-, y Electroingeniería, con buena llegada a la Casa Rosada, presentó una oferta para los gasoductos Sur, Centro, Ruta 2, Norte y Este, que abastecerían de gas natural a 400 mil cordobeses.
OAS perdió la puja con su rival brasileña Andrade Gutierrez, quien se quedó con el suculento negocio. Los gasoductos nunca se construyeron.
Aunque está paralizado desde 2009, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich se comprometió en septiembre pasado a no dejar caer el crédito del BNDES, tras una reunión con el ex gobernador Juan Schiaretti. En el documento de Youssef, se menciona tres veces el gasoducto de Córdoba. En una de las inscripciones, se lee “financiamiento del BNDES” y un importe: “60 millones de reales en 2008”. Según TV Globo, la empresa a cargo de la obra cordobesa es OAS, cuyo presidente, José Aldemario Pinheiro Filho, fue detenido en la Operación Lava Jato.
Para entender mejor la cuestión y su estrecha vinculación con los gobiernos de Schiaretti y De la Sota hay que recordar que el ambicioso proyecto gasífero de más de 1.700 kilómetros de redes fue concebido durante la gestión de Schiaretti. Se licitó en octubre de 2008 y fue adjudicado en diciembre de 2009. Un año después se suscribió el acta de inicio de los trabajos. Pero no hubo más que algunos movimientos de tierra.
Es que las obras entraron en un laberinto burocrático de avales y autorizaciones. El Banco Nación de Argentina debía otorgar las cartas de crédito documentarías bajo un Convenio de Créditos Recíprocos (CCR), autorizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Pero el tiempo transcurrido dejó desactualizados los presupuestos; y además falta la aprobación del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
El BNDES había comprometido un préstamo blando de US$ 257 millones que, en rigor, funciona como un crédito de exportación para Andrade Gutierrez (trasladable a Córdoba), la firma brasileña que encabezó la unión transitoria de empresas ganadora de la licitación. La condición que puso el banco brasileño encargado del financiamiento del proyecto, fue que los materiales sean de origen brasileño.
A esta altura, además de los US$ 257 millones del BNDES, los gasoductos demandan una contraparte similar que debería aportar la Provincia de Córdoba y, eventualmente, la Nación. Esto surge de la propia “Licitación Pública Internacional N° 01/2008”, para la Contratación del Proyecto Ejecutivo, Provisión de Materiales y Construcción de las Obras de Infraestructura para la Gasificación por Ductos de los Sistemas Regionales Centro, Sur y Ruta 2 de la Provincia de Córdoba”.
Y le siguieron los Decretos N° 270/ 271 de fecha 16/4/12 cuya publicación obra en el Boletín Oficial N° 57, por los que se le recoció a la UTE integrada por la brasileña Andrade Gutierrez y las argentinas Britos SA y Iecsa, una reactualización en los costos de materiales del 19% del presupuesto, que implica un encarecimiento de la obra en más de US$ 77 millones de dólares o $ 340 millones al cambio actual.
Como justificación de tal situación el Gobierno de Córdoba indicó “que hubo mucha burocracia al principio y se demoraron los trámites con la documentación que iba requiriendo la entidad brasileña (BNDES), ya que muchos de esos expedientes debían ser visados por la Nación”.
Fue llamativa la irrupción en Córdoba de firmas brasileras como Andrade Gutierrez, Odebrecht y OAS, tanto como veloz “desvinculación” de la constructora cordobesa Britos SA de la UTE, ya que había sido el propio Schiaretti quien en oportunidad de anunciar estos proyectos manifestó que las empresas extranjeras interesadas en adjudicarse estas obras debian estar asociadas a “empresas locales” como requisito imprescindible a los fines de acceder a los procesos licitarorios”.
Todo parece indicar que Britos SA actuó como “prestranombre” de la firma brasileña para luego desvincularse de la UTE. Surge preguntarse por que una empresa como Britos SA se alejaría de un negocio multimillonario habiendo integrado la UTE que se adjudicó la obra.
Hoy podemos sostener que el mouds operandi -quedó reflejado en la maniobra de los frustrados gasoductos- consistía, entre otras tantas irregularidades, en renegociaciones periódicas de los contratos pretendiendo justificar el sostenimiento del equilibrio económico de la ecuación a través del incremento generalizado de los precios de los bienes e insumos utilizados.
La argumentación del proceso inflacionario resulta, en consecuencia, una llave o instrumento apto para maniobras fraudulentas y sobre todo resulta un poderoso escudo para renegociar de manera ruin contratos millonarios como estos, que ni siquiera pudieron comenzar a ejecutarse.
Pero para entender mejor la sospechosa modalidad de irrupción de estas empresas brasileras en Córdoba -hoy en el centro de la escena por hechos de corrupción en toda Latinoamérica-, basta traer a la memoria que en abril de 2012, y a sólo cuatro meses de asumir su tercer mandato -cuarto de Unión por Córdoba- como gobernador, De la Sota recibió a directivos de la brasileña Odebrecht, empresa interesada en construir y financiar la autovía sobre la Ruta 36 que une la ciudad de Córdoba con Río Cuarto.
El encuentro fue en el Centro Cívico de la ciudad del sur provincial y fue ampliamente difundido por De la Sota. En aquel momento Rodney Carvalho, directivo de Odebrecht decía: “Vamos hacer una oferta de financiación, de concesión y construcción o lo que mejor se adecue a la realidad y necesidad de Córdoba y Río Cuarto”, al tiempo que señalaba que la empresa estaba recibiendo una documentación preliminar para ser analizada. El empresario concluía su paso por Río Cuarto diciendo: “Creo que será un crédito barato lo que puede ser viabilizado mucho más rápido”.
Odebrecht es uno de los dos gigantes brasileños que fueron contactados por De la Sota para la construcción de la Ruta 36. La iniciativa se financiaría a través del BNDES “y demoraría de dos tres años”, según indicó en la fecha un comunicado oficial.
El otro contacto encarado por De la Sota fue con “Camargo Correa”, propietario en la Argentina de la cementera Loma Negra y de la empresa de transporte de carga Ferrosur Roca.
El gobernador cordobés tejió una estrecha relación con el empresariado brasileño cuando fue embajador durante el gobierno de Carlos Menem y allá gobernaba Fernando Collor de Mello.
Frente a esta avanzada brasileña, en el mismo mes de abril de 2012 y a pocas horas de la publicitada reunión del gobernador cordobés con los sospechados constructores llegados de Brasil, y para llamar la atención, desde la Vocalía que ejerzo en el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP), emití un comunicado crítico en portugués para denunciar el ingreso a nuestra provincia de este sistema de corrupción que ahora, tres años después, toma dimensión pública e internacional.
Ya en esa época advertimos que estas firmas acumulaban denuncias de corrupción en Perú, Ecuador y Venezuela. Y que era evidente que De la Sota comenzaba a variar en anunciado “cordobesismo” para mutar por un “brasilerismo”; continuando en su labor de lobbista de la burguesía paulista.
Con los sucesos ocurridos en Brasil, que salpican al gobierno de la reelecta presidenta Dilma Rousseff, descubrimos que el tándem De la Sota y Schiaretti no gobierna en defensa de los intereses de los cordobeses, sino como lobbistas de los empresarios brasileños sospechados de corrupción.
Por caso, De la Sota admitió que hasta meses antes de las elecciones de agosto de 2011 percibió “un ingreso mensual promedio que oscila los 35.000 reales” como consultor y asesor de empresas en San Pablo, Brasil, donde se desempeñó en la Cámara Argentina-Brasileña de Comercio.
A esta altura de la historia, leyendo y releyendo como se desarrollaron los procesos licitarorios de los gasoductos, los nombres de las empresas brasileras involucradas, sus socios –por caso, Britos SA-; la intención del gobernador De la Sota apuntaba a liberar a los grupos brasileños la totalidad de la obra pública cordobesa, aplicando la misma matriz de corrupción por las cuáles hay decenas de detenidos en el país vecino.
Afortunadamente, la burocracia nacional que relentizó el otorgamiento de avales, impidió que la mancha de corrupción brasileña se extendiera a Córdoba en sociedad con empresas locales que pertenecen al entorno político y financiero de De la Sota.
Queda demostrado, que durante los quince años de gobiernos de Unión por Córdoba, se ha montado, desarrollado y afianzado en nuestra provincia una maquinaria de corrupción de una magnitud inusitada.
Por esta razón, será imprescindible el máximo y más comprometido involucramiento de todos los sectores de la sociedad y de las instituciones de la República para poner fin a esta infame red delictiva que jamás se había visto en la siempre rica provincia de Córdoba.