¿AGUA POTABLE?
¿Cuál es la verdad del agua que consumen los cordobeses?
El día 16 de septiembre el Concejal de Encuentro Vecinal Córdoba (ex Director por la minoría en el ERSeP) Dr. Juan Pablo Quinteros, solicitó, que de manera urgente, se convoque al Secretario de Salud municipal, para que informe, ante la Comisión de Salud Pública y Protección Animal, si la calidad del agua suministrada por Aguas Cordobesas, a través de la Planta Suquía, representa un riesgo para la salud pública de los vecinos de la Ciudad de Córdoba. También solicitó que comparezcan ante el Concejo Deliberante los funcionarios a cargo de la representación del municipio capitalino (desde enero 2020 a cargo de la concesión) en las mesas tarifarias que se implementan según el contrato vigente.
El pedido surge por la incertidumbre a partir de la denuncia penal presentada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Córdoba donde se acompañan resultados de presencia de un grupo de toxinas denominada “microcistinas” que superan los límites de referencia.
Estos análisis fueron realizados por el Centro de Investigaciones Medioambientales perteneciente a la Universidad Nacional de la Plata bajo un protocolo certificado por escribano público.
El efecto tóxico de las microcistinas se deriva de la potencial inhibición de las fosfatasas, asociado a un importante daño en el hígado.
En efecto, y como antecedente, en la página oficial del ERSeP consta el “PARTE DE CALIDAD – PRESTACIONES MARZO 2022” (último disponible) que, respecto a la empresa del Grupo Roggio, a cargo de la concesión del servicio de agua potable en la ciudad, refleja:
No constan actuaciones que demuestren que a la fecha Aguas Cordobesas haya restablecido los parámetros exigidos pese a las especificaciones que contiene el informe oficial.
Como respuesta a la gravísima denuncia penal, tanto desde Aguas Cordobesas como desde el ERSeP informaron que el agua que toman los vecinos de la Ciudad de Córdoba cumple con los parámetros de calidad establecidos en el contrato de concesión y los utilizados en otras jurisdicciones. El ERSeP informó que los estudios son efectuados por el Centro de Investigaciones en Química Aplicada (CIQA) dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
El concejal Quinteros puntualizó: “Los vecinos de la Ciudad de Córdoba, que pagan la tarifa de agua más cara del país, deben tener un servicio de excelente calidad. Queremos determinar cuál de los estudios contrastados, que pertenecen a dos Universidades Nacionales, es el que está en lo cierto. Hasta el momento esta controversia genera muchísimas más dudas que certezas. No se trata de un problema de interpretación cualitativo, resulta estrictamente cuantitativo. El tema adquiere relevancia porque de lo que estamos hablando es de un tema que afecta de manera directa la salud pública, por ello mientras la denuncia penal sigue su curso, los funcionarios municipales deben garantizar, ante el Concejo Deliberante, que no existe riesgo para la salud de los usuarios. Desde 2020 el contrato de concesión del suministro de agua potable pasó de la órbita provincial a la municipal. Aún así tanto la tarifa como los controles de calidad siguen a cargo del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) y la Municipalidad de Córdoba ha adoptado la cómoda postura de ser simplemente un espectador y garante en lo concerniente al cuidado de los negocios de la empresa”.
“Muchas veces desde el Ente Regulador y desde Aguas Cordobesas evitan utilizar el término “agua potable” y en el intento por transmitir tranquilidad a los usuarios utilizan la expresión “agua apta para consumo humano”. Justamente ahora todo está en duda y a los funcionarios municipales, que eligieron enterarse por los medios de la calidad del agua que toman los vecinos de la ciudad, les debe quedar claro que la responsabilidad funcional los alcanza de manera directa y no descartamos solicitar al Ministerio Público Fiscal que incluya a dichos funcionarios en la investigación en curso”, finalizó Quinteros.
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Juan Pablo Quinteros
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