El Legislador Provincial del Frente Cívico, integrante del interbloque Cambiemos, Dr. Juan Pablo Quinteros, ante el anuncio del gobernador de cambios dispuestos en su gabinete, principalmente la degradación a Secretaría de lo que era el Ministerio de Inversión y Financiamiento y la creación del Ministerio Obras Públicas y Financiamiento, expone:
“Hace tiempo venimos afirmando que Córdoba tenía un Ministerio inerte, el Ministerio de Inversión y Financiamiento que, según el presupuesto aprobado el último miércoles, contaba para el año 2018 con un presupuesto de unos 4.120 millones, de los cuales 4.100 son directamente transferidos a la ACIF, quedando para gastos propios del Ministerio solamente 20 millones de pesos, un número muy por debajo del resto de los Ministerios. Esto fue así siempre, porque en lugar del Ministerio de Ricardo Sosa, funcionaba en paralelo, la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (ACIF), la cual al ser una Agencia no tiene los controles que operan para la Administración Central. La ACIF tiene asignado un presupuesto de 42 mil millones de pesos, 2.100 veces el presupuesto final con que disponía el Ministerio”
Al respecto el Legislador del Frente Cívico manifestó: “La degradación del Ministerio de Inversión y Financiamiento era sólo cuestión de tiempo, ya que fue creado para hacer creer a los cordobeses que toda la deuda tomada desde la apertura de los mercados de capitales contaba con el control por el cual pasan las cuentas de la administración central, pero esto no fue así, Córdoba se endeudó en 1.985 millones de dólares, más de 35.000 millones de pesos, y fue la ACIF la encargada de tomar la posta en todas las tomas de deudas.
Resultaron vergonzosas y hasta grotescas las presentaciones efectuadas en la Legislatura por el hoy súper ministro de Obras Públicas y Financiamiento, el contador Ricardo Sosa cuando al ser consultado sobre si conocía antecedentes y lo que en el mundo sucedía con la empresa brasileña Odebrecht dijo no tener conocimiento de ninguna situación anormal para la subsidiaria argentina; o cuando se lo consultó por la denuncia penal que había realizado la Comisión Nacional de Valores a Puente Hermanos S.A., quien fuera socio en las tomas de deuda de la Provincia, también negó conocer del tema.
Ahora que se endeudó como nunca a la provincia, y el propio Sosa admite que el dinero que ya está en poder de la provincia, por emisión de bonos, se colocan en “Lebacs” y “Letes”, como si manejaran una mesa de dinero y no fondos públicos. Ahora hay que gastar todo lo tomado como deuda y por eso se dan los cambios en el gabinete, La cabeza de la ACIF cambia y el Ministerio desaparece. La abogada Alejandra Torres, a cargo de la flamante Secretaria de Planeamiento y Planificación, es socia del Ministro de Finanzas Osvaldo Giordano en la consultora IDESA, consultora que se dice independiente, pero que sistemáticamente sale en defensa del gobierno de Schiaretti cuando los números de pobreza oficiales o de consultoras verdaderamente independientes, no son del agrado del ejecutivo. Torres era presidenta de la ACIF, y como la deuda está tomada y el trabajo ya está hecho, pasa a la Secretaría de Planeamiento y Planificación. Por su parte, el Cr. Ricardo Sosa, pasa a ser Ministro de Obras Públicas y Financiamiento, donde otra vez esquiva los controles de la Administración Central en más del 50% de las obras a ejecutar ya que el Ministerio cuenta con un presupuesto para obras de $7.098.534.000, pero Caminos de las Sierras, que es una Sociedad Anónima con participación en mas del 99% del Estado Provincial (siendo su socia minoritaria la empresa constructora Boetto y Buttigliengo), va a manejar $7.741.404.000, lo que significa más del 15% de la obra pública total de la Provincia y superior a la de todo el Ministerio que es el específicamente encargado de realizar las obras en la provincia. Como si lo expuesto fuera poco el presupuesto 2018 establece que el 50% de lo destinado a obras en la Provincia lo va a ejecutar la ACIF -unos $25 mil millones de pesos- sin control, sobre un total presupuestado para Obra Pública de $49.636.261.000”.
“Con motivo del tratamiento de la Ley de Presupuesto dejamos planteada la necesidad de un manejo transparente de los fondos públicos. Los cambios efectuados por el gobernador Juan Schiaretti lejos de llevar tranquilidad en tal sentido, nos hace advertir que, sin ningún lugar a dudas, UPC ha conformado una “unidad de negocios” que irremediablemente debemos erradicar en 2019”, finalizó Quinteros.