El Legislador Provincial del Frente Cívico Dr. Juan Pablo Quinteros en relación a la información difundida en el día de la fecha en el diario La Voz del Interior, respecto a la existencia de funcionarios públicos provinciales de distintos estamentos que, pese a publicaciones anteriores al respecto, a la fecha no han presentado las Declaraciones Juradas Patrimoniales previstas en el art. 14 de la Constitución Provincial, ley 8198 (T.O Dec. Nª 970/99), ley  9471 (B.O.C 14703/2008), Resolución de la Legislatura de la Provincia de Córdoba Nª 2081/2008, Acuerdo Reglamentario Número 42 Serie A del T.S.J, señala:

“El sistema de Declaraciones Juradas patrimonial como elemento a los fines de determinar el enriquecimiento de funcionarios públicos y el nivel de transparencia de los mismos en el ejercicio de sus cargos, resulta hoy, a la luz de los resultados, una herramienta que no pudo poner freno a la creciente corrupción en los diversos estamentos del estado.

Es francamente vergonzoso, pese a la consideración precedente, que funcionarios públicos, que se obligan a cumplir y hacer cumplir la ley, “omitan” presentar sus DDJJ o lo hagan de manera deficiente o incompleta.

Mientras no hagan efectivas las consecuencias previstas para estas conductas la “sanción” queda solamente reducida a una decisión política. Las leyes y decretos que se mencionan al comienzo de la presente, pese a contener mecanismos sancionatorios (que llegan hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos), resultan en la realidad “abstracciones” de un sistema político que permite y ampara actitudes como la descripta en el informe periodístico.

La transparencia en los actos de gobierno son en la actualidad un fuerte reclamo social y quienes ejercemos cargos de representación política tenemos la obligación de receptar ese clamor, es por ello que desde el Frente Cívico promovemos una reforma constitucional en el marco de la mal llamada “Reforma Política” (que impulsa el oficialismo de U.P.C)  que prevea mecanismos de lucha efectiva contra la corrupción y normas de transparencia en el ejercicio de la función pública con rango constitucional.

Solo a manera de síntesis, en dicha reforma, se promueve la creación de la Auditaría General de la Provincia, el Tribunal Social de Responsabilidad Política y el Juicio de Residencia como mecanismos para hacer efectiva la transparencia de los actos en el ejercicio de la administración pública.

Hoy las Declaraciones Juradas se han reducido a un mero  “dibujo” del que poco se puede conocer, y mucho menos marca la decencia y el desempeño ético en el ejercicio de la función pública. Aun así, presentarlas en forma debida, parece una misión imposible de hacer cumplir por parte de la autoridad de aplicación. Estamos convencidos de que hay que avanzar con muchas otras medidas que aporten transparencia a las gestiones de quienes administran la cosa pública. De ser así, el 90% de los políticos de este país y también de esta provincia y por cuyas manos pasaron fondos públicos, no podrían justificar de manera alguna, que habiendo sido durante su vida laboral, funcionarios públicos casi con exclusividad, posean los bienes y lleven el nivel de vida que ostentosamente exponen a la vista de una sociedad cada vez más dispuesta a no tolerar estas conductas y a condenar estos hechos.

Quien ejerce la actividad pública debe someterse a estas reglas, y no solo hago referencia a funcionarios políticos, también cabe a magistrados y funcionarios judiciales, a quienes la norma los alcanza, debiendo llegar hasta las fuerzas de seguridad, como la Policía de la Provincia o el Servicio Penitenciario de Córdoba, ambas con fuertes sospechas de corrupción en sus cúpulas jerárquicas”.

El legislador juecista agregó: “Cuando gobernamos la Municipalidad de Córdoba promovimos la ordenanza sobre “Declaración Jurada Patrimonial de Bienes e Intereses Económicos y Financieros” que fue una norma de avanzada en materia de transparencia, como también lo fue la modificación del “Código de Ética” municipal y la creación de áreas municipales especificas con el objeto de controlar la transparencia y luchar contra la corrupción en los actos de gobierno”.

“A aquellos a los que no les guste o les moleste hacer rendición de su patrimonio al ingresar a la administración pública, sus modificaciones y los bienes que se poseen al finalizar sus gestiones, deberán entender que deben dedicarse a otra cosa”, finalizó Quinteros.