AGUAS CORDOBESAS EN PANDEMIA: GANANCIAS MILLONARIAS Y USUARIOS POBRES.
Pese al complicado escenario económico por el que estamos atravesando, la empresa que presta el servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba, Aguas Cordobesas S.A, obtuvo (en el primer trimestre de 2021) un resultado en su ejercicio de $167.769.000, mientras que por otros resultados integrales obtuvo ingresos por $61.278.000.
Los datos son oficiales y surgen de la información financiera de la empresa «CLISA – COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A». presentada en la Comisión Nacional de Valores. CLISA, cuyo presidente de Directorio es Aldo Benito Roggio, tiene dentro de la nómina de sociedades controladas a Benito Roggio e Hijos SA, empresa que posee una participación del 71,98% en Aguas Cordobesas S.A. (“ACSA”).
Un dato que merece ser destacado es que el gobierno provincial, a través del Decreto 1284, creó un Cargo Tarifario al servicio del agua potable, del 18% destinado a la instalación de medidores, renovación de conexiones y obras complementarias que luego fue prorrogado por el Decreto 1268/13 por 60 meses. Es decir, eran los usuarios los que, tuvieran o no tuvieran medidor, afrontaban la colocación de medidores en la ciudad.
Con parte de esos fondos fueron instalados 73.453 medidores, sobre un total de 573.000 usuarios. Casi un 13% de cobertura con micromedición selectiva le permitió a Aguas Cordobesas aumentar sustancialmente sus ingresos.
No sólo fue la instalación «estratégica» de medidores lo que explica las millonarias ganancias de esta empresa, que presta un servicio básico para la vida humana, sino también el constante aumento en su tarifa. Desde la renegociación del contrato con la empresa del grupo Roggio (2006) hasta mayo de 2021, la tarifa de AACC aumentó un escalofriante 4067%. Leyó bien! Más de cuatro mil por ciento.
¿Y por qué? El contrato renegociado en 2005/06 le permite a Aguas Cordobesas solicitar revisión tarifaria por incremento de costos, conforme al numeral 9.2.3 del Contrato de Concesión en función de una fórmula polinómica que ha sufrido las distorsiones de los precios relativos de argentina durante más de 15 años. Para nada entra en el análisis del ERSEP si la empresa regulada obtiene ganancias extraordinarias. De existir verdadera regulación y control esta situación debería haberse revisado hace ya mucho tiempo, más teniendo en cuenta que el contrato tiene vigencia hasta el año 2027.
Veamos otros datos, en lo que va de 2021 la tarifa de AACC se incrementó un 46.4%, discriminada de esta manera, 24,26% en enero, 8,69% en marzo y 8,41% en mayo. Estos porcentajes resultan difíciles (por no decir imposibles) de comparar con los aumentos otorgados a otras concesionarias del servicio de agua potable en el país. Responsabilidad social en tiempos de pandemia queda como una asignatura pendiente.
No se juzga la legitimidad de los aumentos otorgados a Aguas Cordobesas a lo largo del tiempo, sino su magnitud en función de la realidad actual, con una economía destruida, con estanflación, pérdidas de empleos, cierre de empresas y comercios, atravesando una situación sanitaria inédita. Sin embargo, tal escenario, no pareciera haberla impactado de manera negativa a AACC sino todo lo contrario.
Pero esto no es todo, a esta altura queda claro que Aguas Cordobesas lo que cobra a sus usuarios no es tarifa, sino que estamos más próximos a un tributo que se asemeja al Impuesto Inmobiliario.
¿Por qué la tarifa del agua depende de los metros cuadrados construidos, de la zona y de la calidad de la edificación?
¿Por qué un usuario con medidor debe pagar más por construir una habitación en su vivienda si sigue consumiendo la misma cantidad de agua?
Podríamos seguir con este tipo de preguntas que no tienen otra respuesta, que la que seguramente el usuario imagina. Cualquier construcción o mejora edilicia que se realice en la Ciudad de Córdoba significa mayor base de facturación para AACC.
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el INDEC ha mostrado que en el segundo semestre de 2020 el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza en el Gran Córdoba se ubicaba en el 40,8%.
La cantidad de pobres en la Ciudad de Córdoba, fruto tanto de políticas económicas equivocadas como de la pandemia, así como las excesivas tarifas de los servicios públicos, entre ellos el brindado por AACC, derivaron en 52.604 intimaciones por falta de pago en los cuatro primeros meses de este año por parte de la concesionaria del agua potable (dato extraído de La Voz del Interior 02/05/2021).
Ganancias millonarias de una empresa que cada dia gana más con usuarios pobres que cada día gana menos.
Este cúmulo de situaciones las venimos señalando desde hace tiempo a través de distintos informes que muestran la rentabilidad excesiva de AACC sin control alguno del Estado. Así lo hice en el ERSeP, en la Legislatura de Córdoba y ahora en el Concejo Deliberante.
Hace más de un año (enero 2020), el servicio de agua potable pasó a la jurisdicción municipal en virtud del convenio celebrado a tal efecto con fecha 16/12/2019, aprobado a través de la ley 10.682 y ratificado por ordenanza Nº 13.022. Sin embargo la fijación de la tarifa de un servicio público, hoy municipal, se mantiene bajo la esfera del ERSEP, situación inédita que atenta contra las atribuciones establecidas en la Carta Orgánica Municipal para el Concejo Deliberante de Córdoba.
Para «atenuar» esta desprolijidad, tanto en la dimensión jurídica, como en la política y económica, se creó en el ámbito del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, la «Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación del Servicio Público de Suministro de Agua Potable» a la que le corresponde dictaminar sobre todo proyecto de seguimiento y evaluación del servicio público de agua potable. Así como también, evaluar y solicitar la celebración de auditorías de la prestación del servicio y entender en la designación de las instituciones que las llevarán a cabo. Desde su creación esta Comisión, como era de esperar, tuvo nula actividad en solamente se quedó en el hecho de su constitución. Ni hablar de la creación de un ente de control municipal que se debía efectuar en el plazo de 180 días. Nada de nada.
Hasta ahora pareciera que el único beneficio de municipalizar el servicio, consistió en las extensiones de red que se realizan en asentamientos vulnerables. Esto es de absoluta importancia pero parece poco teniendo una empresa con ganancias millonarias y que desde hace casi un cuarto de siglo tiene la concesión del servicio; sin embargo hay más de 100 mil vecinos de nuestra ciudad sin agua potable.
El Concejo Deliberante como cuerpo no ha podido controlar lo convenido en la cesión del Contrato de Concesión, precisamente en lo que se refiere al cobro de los derechos por el «Uso de la Concesión» por parte del Municipio y mucho menos si la tarifa que se les cobra a los usuarios de la Ciudad es “justa”.
Falta de regulación, falta de control, nula transparencia en los datos, municipalización parcial del servicio, ganancias millonarias, solo nos lleva a pensar en los mismos problemas que llevaron a nuestro país a la situación en la que se encuentra.
Más que regular a una empresa concesionaria de un servicio público, el ERSEP, cooptado por el Gobierno Provincial, y en connivencia con el Gobierno Municipal, se ocupa de garantizar la rentabilidad del Grupo Roggio. Más que una concesión de un servicio público se trata de una concesión de tarifas, resta conocer el «quid pro quo», o dicho en cordobés básico ¿»a cambio de que se están llevando la torta»?